Solo la organización popular en las barriadas combate el flagelo del narcotráfico, ante la complicidad política y policial.
El triple femicidio de Brenda, Lara y Morena en La Matanza puso de relieve, con una agudeza extrema, la total impunidad con la que operan las bandas narco en los barrios. La influencia de esta mafia crece al calor del aumento de la miseria social y bajo el manto protector del Estado y sus instituciones: fuerzas de seguridad, Justicia y poder político. El narcotráfico es un negocio capitalista en crecimiento, al igual que la prostitución y la trata. La movilización de este sábado en reclamo de justicia por las tres jóvenes constituirá, a su vez, un repudio masivo a este estado de cosas.
Hasta el momento han sido detenidas doce personas, señaladas por estar involucradas en redes de prostitución y en el narconegocio. Según fuentes judiciales, no obstante, podrían quedar en libertad pues ninguna fue imputada formalmente (La Nación, 26/9). El presunto capo de la banda y organizador del triple crimen, conocido como “Pequeño Jota”, pertenece a una banda narco transnacional que operaría en CABA y en distintas regiones del conurbano sur. Marcelo Torok, criminólogo forense que destacó que el asesinato de Lara tiene la marca de un mensaje mafioso –por su carácter macabro–, indicó que es muy probable que varios de los criminales ya estén fuera del país.
Estos gánsteres actúan con la complicidad del Estado, fundamentalmente con la de su policía, institución que está involucrada en todo tipo de negocios espurios de manera directa o indirecta. Con semejante aparato de represión se podría avanzar en una campaña a gran escala de destrucción de redes narco y de trata. Pero los gobiernos capitalistas las defienden porque suponen fuentes de beneficios extraordinarios para ciertos sectores sociales. Las mafias se aprovechan de la situación de vulnerabilidad que padece la juventud. Según Juan Gabriel Tokatlian, profesor plenario de la Universidad Di Tella, en villas donde la pobreza asciende al 52% los grupos narco ofrecen “trabajo” a uno de cada cinco jóvenes. En Buenos Aires, el 94% de los denominados soldaditos son varones de 13 a 17 años, reclutados por salarios que superan los 30.000 pesos diarios. De acuerdo con un estudio del Centro de Investigación y Acción Social sobre 600 jóvenes del AMBA, el 43% tiene conocidos que venden droga.
En paralelo crece la prostitución infantil, que afecta principalmente a niñas y adolescentes mujeres. Según el Observatorio La Casa del Encuentro, entre enero y agosto hubo 178 femicidios, de los cuales 12 estuvieron ligados a redes de narcotráfico. El índice aumentó con respecto al periodo enero-mayo, cuando se registraron 109 femicidios de los cuales 9 acontecieron en contextos de narcotráfico. Especialistas en la materia han dicho que se trata de un crecimiento alarmante. Y podría ser peor, ya que muchísimos casos quedan tipificados como homicidios comunes y no como femicidios. Otra vez, la Justicia cumpliendo un papel reaccionario. Para colmo, Milei quiere eliminar la figura del femicidio del Código Penal. Más en general, los homicidios narco se dispararon: 84.200 IPP en la PBA (7,8% del total penal), con un 11,2% de delitos contra las personas ligados al menudeo (Noticias Argentinas, 25/9).
El avance de los grupos narco se procesa asimismo en un contexto de retroceso de las organizaciones sociales, que están siendo atacadas por el gobierno de Milei. Agrupaciones como el Polo Obrero han funcionado siempre como barreras contra los narcos y muchas veces han sufrido ataques criminales por ello. En 2023 una mafia asesinó a tres miembros de familias integrantes del Polo, en la localidad matancera de Villa Celina. En ese barrio hubo una rebelión de vecinos, que prendieron fuego una casa de narcos a raíz del asesinato mafioso de Limber Valero, un trabajador, y frente a la inacción cómplice de la policía. El año pasado, en González Catán, trabajadores se levantaron para reclamar justicia por el asesinato de cinco personas en una zona que estaba bajo el control de bandas dirigidas desde Brasil y Paraguay. Las organizaciones sociales a menudo sustraen a los jóvenes de la influencia narco, los ayudan a salir adelante y los organizan en la lucha por una salida a esa realidad lacerante, que implica ir a un choque de fuerza contra el Estado.
En este marco, los narcos no solo fungen como “patrones” sino que también ponen en pie comedores y ofrecen préstamos a tasas usurarias a las familias. La política mileísta de desfinanciamiento de los comedores populares es funcional al avance de esta lacra. En el medio, claro, van quedando familias destruidas por el crecimiento de las adicciones o por el asesinato de sus hijos. En los barrios la mayor parte de los vecinos sabe dónde están los búnkeres, quiénes son sus organizadores y cómo la policía es garante del régimen criminal. En el caso del triple femicidio, la complicidad se vio en el hecho de que la policía bonaerense del gobierno de Kicillof tardó más de 48 horas en comenzar a investigar. Tiempo suficiente como para que bandas que en muchos casos se organizan de modo profesional puedan zafar y seguir operando, aunque eventualmente caigan algunos de sus integrantes.
Argentina ha sido definida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, uno de los países líderes en importación de drogas ilícitas, como “tránsito clave” para la cocaína boliviana y peruana hacia Europa, “con un volumen de lavado equivalente al 20-40% del PBI ilícito” (Noticias Argentinas, ídem). Si bien el imperialismo se vale de esto para reforzar su injerencia en los países bajo el pretexto de una falsa lucha contra el narcotráfico, es pertinente tener en cuenta estas estadísticas para saber a qué nos enfrentamos. Por los puertos privados que están en manos de las cerealeras y distintos grupos capitalistas no solo ingresan y egresan materias primas sino también importantes cantidades de estupefacientes –el año pasado se registró un incremento de la entrada de cocaína al país (Clarín, 15/6/2024). Un circuito que termina en el lavado de dinero espurio a través de la banca, inmobiliarias o negocios varios que simplemente son fachadas; o directamente mediante los blanqueos de capitales como el que impulsó Milei en el Congreso el año pasado, apoyado por todos los partidos burgueses.
En Argentina desarrollan sus actividades algunas de las bandas criminales más importantes de Sudamérica. La más poderosa, el Primer Comando da Capital –de origen brasileño–, opera en la Hidrovía Paraná-Paraguay. Según trascendió, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación –este último exportaría fentanilo por los puertos de Rosario– operan en el conurbano norte, en Córdoba y en la CABA, y lavan su dinero a través del agronegocio y de emprendimientos inmobiliarios. La banda rosarina de Los Monos, por ejemplo, tiene vínculos con bandas transnacionales. Los capitalistas argentinos y extranjeros han convertido a la Argentina en una gran plataforma de narconegocio.
El triple femicidio de Brenda, Lara y Morena muestra el nivel de explotación y opresión al que están expuestas las mujeres bajo el capitalismo, situación que se agrava bajo el gobierno ajustador y criminal de Milei, que, cabe destacar, tiene en su elenco elementos que han tejido vínculos con narcotraficantes. El pueblo argentino tiene el deber de sublevarse para terminar con esta situación. Este sábado copamos las calles por Justicia. Ni Una Menos, el Estado es responsable.
Nazareno Suozzi
